El principio de (des)proporcionalidad

 

El principio de proporcionalidad

En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.

b) La naturaleza de los perjuicios causados.

c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.

Así lo afirma el artículo el 131.3 de la LRJPAC que consagra el principio de proporcionalidad en el ordenamiento administrativo. Dicho principio es básico en cualquier ordenamiento jurídico y no únicamente en la rama administrativa. Como resulta obvio no está permitido imponer sanciones desproporcionales.

Desgraciadamente en algunos lugares no es tan obvio. En la capital de España, el principio de proporcionalidad es utilizado como el papel del wáter. Está ahí, es un muy bonito, necesario pero en cuanto algo nos molesta nos limpiamos con él y lo tiramos a la basura. Es triste pero es así.

En Madrid por beberte una cerveza en un parque recibes como premio una multa de 600 euros. Si ya me parece más que me discutible que se sancione por beber en la calle sin molestar a nadie, la multa de 600 euros es a todas luces un escándalo. Miccionar en la vía pública equivale a 750 euros. No defenderé ni mucho menos que se deba permitir, no obstante que sea sancionada con esa cuantía es lamentable. Como podemos ver nuestra papel de wáter, digo principio de proporcionalidad, está marrón marrón.

En otras ciudades dichas infracciones están sancionadas pero con una multa muchísimo más normal, es decir proporcional. En Barcelona la multa por beber en la calle son 25 euros, cuantía que si es proporcional a la infracción cometida (mas allá del debate de si se debería sancionar ese tipo de acciones)

¿Por qué en Madrid las cuantías son tan elevadas? Por una razón: el afán recaudatorio. Por mucho que mire en las leyes administrativas no se encuentra como motivo para establecer una sanción, el llenar los bolsillos de la administración a costa de multas desorbitadas a los ciudadanos. Suena raro que tan legítimo motivo no aparezca pero desgraciadamente así es. Aún así, en la práctica el afán recaudatorio rige con fuerza en Madrid. Y como nos podíamos imaginar no pasa nada.

¿Por qué ese afán recaudatorio? Había una vez en Madrid un presidente de la comunidad que también fue alcalde que era muy progre, o eso decían de él. Transformó Madrid mediante obras faraónicas, como por ejemplo Madrid Río o la M-30. Reformas que seguramente necesitaba la ciudad pero que costaron un dineral ¿Se podrían haber hecho más baratas? Probablemente sí pero en esa época la moda era otra. El caso es que tan cuantiosas obras hay que pagarlas. Y no hay dinero. Madrid tiene una deuda monstruosa y como tenemos la suerte de que no nos gobierna Podemos, las deudas hay que pagarlas. ¿Cómo se pagan las deudas? Nuestros populares y avispados representantes en Madrid tuvieron una maravillosa idea: que la paguen los ciudadanos a base de multas. Así fue, ahora en Madrid se ponen multas a diestro y siniestro como ha denunciado Amnistía Internacional, “indiscriminadamente según la CEA”  y con unas cuantías que como hemos visto, son monstruosas.

¿Si dichas cuantías vulneran tan claramente el principio de proporcionalidad por qué los jueces no las anulan? Por una sencilla razón: La discrecionalidad de la administración que permite a la Administración fijar casi indiscriminadamente las multas -por no decir totalmente indiscriminadamente- como hemos podido ver. Es totalmente ridículo que una ciudad donde el SMI es de 650 euros, donde hay muchísimas personas en paro que te cueste 600 euros beberte una cerveza en un parque.

¿Qué podemos hacer si nos multan? Recurrir recurrir y recurrir. Dicho de esa manera parece muy fácil y no lo es, pero ni mucho menos es una tarea titánica. Se trata de utilizar los recursos legalmente establecidos para evitar el afán recaudatorio de la administración. En los recursos mi consejo es pedir la práctica de la prueba y la fotocopia de la denuncia porque están obligados a hacerlo y no lo hacen nunca. Además, recurrir en el último día de plazo para forzar un eventual error de la Administración. Por último, si te deniegan todos los recursos intenta declararte insolvente (no todo el mundo puede hacer frente a esas multas) y si te llega un proceso de embargo, hay que saber que no te pueden embargar los ingresos por debajo del salario mínimo y tampoco el dinero de las becas. En definitiva utilizar todos los procedimientos para intentar parar este deleznable comportamiento de la Administración.