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Este artículo se va a centrar en un mecanismo muy polémico de injerencia del poder ejecutivo en las decisiones del poder judicial: el indulto.

Esta figura se rige por una ley de 1870, año en el que tuvieron lugar episodios históricos como la guerra franco-prusiana, la unificación italiana o la abdicación de Isabel II, por lo que su regulación no puede calificarse precisamente de actual. Un vistazo a la misma es suficiente para darnos cuenta de que no es necesario motivar los indultos, lo que viola el derecho a obtener la tutela judicial efectiva recogida en la Constitución Española. Es necesario reformar urgentemente esta ley y adaptarla al Estado de Derecho en el que vivimos. No obstante, el Ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón ha declarado que no tiene intenciones de llevar a cabo ningún cambio.

Llegados a este punto, es necesario romper una lanza a favor de la figura del indulto. Aunque constituya una injerencia en las decisiones del poder judicial, creo que si se regulase correctamente podría constituir una herramienta útil para modular la dureza de las penas impuestas por el Código Penal y poder adaptarlas a las circunstancias concretas de cada caso. España cuenta con la legislación penal más dura de Europa, aunque sea uno de los países cuya tasa de criminalidad violenta es de las más bajas del continente. Por lo tanto, ante los excesos punitivos del sistema penal, el indulto podría ayudar a favorecer la proporcionalidad del sistema.

Ahora bien, la utilización que se hace del indulto en España es bochornosa. En el año 2011 se concedieron 301 indultos. La serie histórica muestra que su número se mantiene estable sin que tenga relevancia alguna el signo político del partido en el poder. Por establecer una comparación, en Estados Unidos el número de indultos concedidos en ese mismo año asciende a   901, siendo la población reclusa  2.239.800, mientras que en España la es de 70.472. Para hacer estos datos más comprensibles, si se aplicase en EE.UU. el ratio de indultos por población reclusa que se aplica en España se hubiesen tenido que conceder en torno a 9.500 indultos.

Los anteriores datos muestran el uso desmesurado que se hace de este recurso. A continuación, comentaré los casos más escandalosos.

Encabezando la lista está el doble indulto concedido a cinco Mossos d’Esquadra condenados por  lesiones, tortura, maltrato y detención ilegal, los cuales se reintegrarán en el cuerpo policial y volverán a ejercer sus funciones. En un primer indulto, se les conmutaron las distintas penas de prisión impuestas por una única de dos años de cárcel para cada uno de ellos. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona no concedió la suspensión de la pena de cárcel y, ante su inminente ingreso en prisión, se les concedió un segundo indulto por el que se conmutaba la pena de cárcel por dos años de multa.

Otro indulto al que ha rodeado la polémica fue el concedido a un conductor kamikaze que circuló  durante 5 kilómetros por una carretera  en dirección contraria y mató a un joven de 25 años. Afortunadamente, fue anulado por el Tribunal Supremo.

No quiero incidir demasiado en la casuística del tema para no cansar a los lectores, pero sí voy a mencionar un caso en el que se podría haber aplicado el indulto y no se hizo.

El ciudadano sirio Hokman Joma fue condenado a tres años y 4 meses de prisión por lanzar un zapato al primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan durante una visita a Sevilla en febrero de 2010. El artículo 550 del Código Penal contempla penas de cárcel de 1 a 3 años para quién atente contra la autoridad. Teniendo en cuenta la nula gravedad del hecho, que el zapato no tocó a Erdogan y las consecuencias del mismo parece un caso claro en el que se podía haber aplicado el indulto. Finalmente, se le indultó tras dos años y ocho meses de estancia en prisión, lo que parece una pena desproporcionada por esa infracción.

En resumen, parece claro que la regulación de esta figura es anacrónica, lo que hace que se aplique de manera discriminatoria, no transparente y susceptible de utilizarse para favorecer los intereses de grupos cercanos al poder. Es urgente una reforma inmediata.

Borja Palacios Moreno

Burgos